Bajo la Sección 1001 del 18 USC, es un delito grave hacer una «declaración falsa» a un agente o agencia del gobierno federal en relación con un asunto federal. Las declaraciones falsas pueden ser habladas o escritas y no tienen que ser hechas bajo juramento para violar la ley, aplicándose igualmente a la tergiversación de los ingresos al IRS o a mentir al FBI durante una entrevista. El gobierno no puede condenar a una persona simplemente por decir una mentira. Además de probar que el acusado hizo la declaración en cuestión a un agente u oficial federal, el gobierno también debe probar tres cosas:
- Que la declaración del acusado fue «materialmente» falsa. Mentir por sí mismo no es ilegal, incluso mentir a un agente federal. Una declaración debe ser «materialmente» falsa para ser ilegal. Una declaración es material si tiene una «tendencia natural a influir o es capaz de influir» en el agente al que se hace la declaración. En otras palabras, una declaración material es importante y relevante para el asunto que se discute. En las investigaciones penales, cualquier hecho que pueda ser relevante para encontrar, acusar o condenar al sospechoso cumple el elemento de materialidad. Es irrelevante que el gobierno crea la declaración falsa. La ley sigue siendo aplicable incluso si el agente federal sabe que la declaración es falsa.
- Que el acusado «a sabiendas y de buena gana» hizo la declaración falsa. El gobierno generalmente tiene que probar que la persona que hace una declaración falsa está siendo intencionalmente deshonesta. En la mayoría de las jurisdicciones, el gobierno sólo tiene que probar que la persona que hace la declaración falsa sabía que era falsa cuando la hizo. Sin embargo, algunos tribunales van un paso más allá y exigen que el gobierno pruebe que el acusado sabía que era ilegal hacer una declaración falsa cuando la hizo. El Departamento de Justicia ha indicado recientemente que ésta es la definición preferida de «a sabiendas y de buena gana». Los acusados pueden declarar, y lo hacen, que no estaban siendo intencionadamente deshonestos o que no sabían que estaban infringiendo la ley. En última instancia, sin embargo, es el jurado el que decide si creer al acusado o a la versión de los hechos del gobierno.
- Que la declaración se hizo en relación con un asunto dentro de la jurisdicción del gobierno federal. Este «elemento jurisdiccional» requiere que el gobierno pruebe que las declaraciones falsas se hicieron con respecto a un asunto dentro de la jurisdicción del gobierno federal. Los tribunales han interpretado ampliamente la «jurisdicción» en este contexto para significar cualquier área en la que el gobierno federal tiene el poder de actuar o hacer cumplir las regulaciones. Dado el alcance de nuestro gobierno, esa jurisdicción incluye la economía, la sanidad, la educación y muchas otras áreas. Por ejemplo, los subcontratistas contratados por los contratistas generales que trabajan para el gobierno federal están dentro de la «jurisdicción» del gobierno federal, y pueden ser procesados por las declaraciones falsas y las facturas fraudulentas que hacen a los contratistas generales.
- La persona que hace la declaración no sabía que era falsa. Hay una defensa válida cuando una persona hace una declaración falsa debido a un error honesto, su mala memoria, o un simple malentendido.
- La declaración no era material. Esta defensa cuestiona si una declaración es lo suficientemente importante o relevante como para ser considerada «material» en un asunto federal. Una persona puede mentir sobre su vida personal en una entrevista con un agente federal, pero si la declaración no está relacionada con el tema de la entrevista, no es una declaración falsa ilegal. También existe una defensa cuando una declaración falsa no se hace a un agente del gobierno o dentro de la jurisdicción del gobierno. Por ejemplo, una mentira en una solicitud de empleo para un empleador privado no estaría necesariamente dentro de la «jurisdicción» del gobierno, incluso si el empleador privado hace ocasionalmente negocios con el gobierno. La conexión es demasiado atenuada, y no hay ningún grado de control federal sobre el empleador.
- Hubo un interrogatorio ilegal. La Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege su derecho a guardar silencio y evitar hacer declaraciones autoinculpatorias. Siempre que una persona esté bajo la custodia del gobierno, éste debe informarle de su derecho a guardar silencio y de su derecho a un abogado. Si el gobierno no informa a una persona de sus derechos, y ésta hace declaraciones autoinculpatorias, esas declaraciones no pueden ser utilizadas en su contra. A veces, sin embargo, el gobierno puede argumentar con éxito que la persona renunció a su derecho a permanecer en silencio y voluntariamente hizo las declaraciones, por lo que es importante contratar a un abogado con experiencia en defensas constitucionales.
- Por supuesto, lo mejor que puede hacer para evitar ser acusado de hacer declaraciones falsas es no hacer ninguna declaración. Si se le acercan los agentes federales que solicitan una entrevista, siempre puede invocar su derecho a un abogado, y el hecho de que haya solicitado un abogado no puede ser utilizado en su contra en el tribunal.
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Penas y defensas por violar el 18 U.S.C. Sección 1001
En virtud del 18 U.S.C. Sección1001, la pena por hacer declaraciones falsas es una sentencia máxima de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, si la declaración falsa está relacionada con un acto de terror, la trata de personas, o ciertos delitos sexuales, la sentencia máxima aumenta a ocho años.
Hay tres defensas comunes a una acusación de declaración falsa bajo el 18 U.S.C. Sección 1001:
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